Ley Bitcoin de El Salvador

La Ley Bitcoin fue la primera ley nacional de su tipo en el mundo. El Decreto Legislativo 57 se aprobó el 8 de junio de 2021 con 62 de los 84 votos de la Asamblea, entró en vigor 90 días después, el 7 de septiembre de 2021, y obligó a toda empresa con los medios técnicos a aceptar bitcoin como pago. El experimento que siguió es lo más parecido que tenemos a evidencia sobre lo que realmente hace la adopción obligatoria de bitcoin.

Cómo funciona

Estado: se derogaron las obligaciones originales de la Ley Bitcoin. El 29 de enero de 2025 la Asamblea Legislativa modificó la ley como condición de un programa de financiamiento con el Fondo Monetario Internacional, eliminando la obligación de que las empresas aceptaran bitcoin y poniendo fin a su uso para el pago de impuestos. La aceptación pasó a ser voluntaria, y el Estado conservó sus tenencias de bitcoin.

La ley de 2021 tenía cuatro elementos. El bitcoin fue declarado moneda de curso legal con poder liberatorio ilimitado para saldar deudas. Los precios podían expresarse en él. Los impuestos podían pagarse en él. Y el Estado prometió convertibilidad, de modo que un comerciante que recibiera bitcoin podía cambiarlo por dólares de inmediato, mientras un fideicomiso público absorbía la volatilidad.

La implementación se realizó a través de Chivo, una billetera del gobierno lanzada el 7 de septiembre de 2021, que entregaba 30 dólares en bitcoin a todo ciudadano que se registrara. Chivo usaba la red Lightning para pagos pequeños y una red de cajeros para la conversión a dólares, ya que el dólar seguía siendo la unidad en la que todos fijaban realmente los precios.

El resultado medido está inusualmente bien documentado. Un estudio basado en una encuesta representativa a escala nacional, publicado como el documento de trabajo 29968 del National Bureau of Economic Research en 2022, encontró que las descargas se concentraron casi por completo en septiembre de 2021, que la mayoría de los usuarios gastó el bono de 30 dólares y no siguió, y que solo alrededor de uno de cada cinco siguió haciendo transacciones después. El efectivo y los dólares siguieron haciendo lo que habían hecho antes.

El Estado siguió comprando de todos modos. A partir de noviembre de 2022 el gobierno anunció una compra diaria de un bitcoin, y su rastreador público informó de tenencias superiores a 6.000 bitcoin a comienzos de 2025.

Dónde aparece

La Ley Bitcoin de El Salvador le importa al lector de este sitio por tres razones, y ninguna de ellas es el titular.

En primer lugar, trasladó el argumento de la teoría a la evidencia. Antes de 2021, las afirmaciones sobre la adopción de bitcoin a escala de país eran especulación. Después existe un conjunto de datos, y el hallazgo es que una moneda no se convierte en medio de cambio porque una ley lo diga. La adopción sigue a la demanda, y en un país que ya usaba dólares, la demanda de una segunda unidad de cuenta era escasa.

En segundo lugar, demostró la presión que atrae una política sobre bitcoin. Las modificaciones de enero de 2025 llegaron unidas a un Servicio Ampliado del FMI por unos 1,4 mil millones de dólares. Un Estado soberano que quiere financiamiento internacional negocia con prestamistas que tienen opiniones sobre la volatilidad en el balance público.

En tercer lugar, el estatus de moneda de curso legal no es lo que hace utilizable al bitcoin. Los salvadoreños que querían bitcoin antes de la ley podían comprarlo; en la mayoría de los países la gente puede hacer lo mismo hoy sin ninguna ley equivalente, y eso es lo que cubren las guías de país de este sitio. La ley cambió las obligaciones de los comercios, no la capacidad de las personas para conservar monedas.

Ley Bitcoin de El Salvador frente a moneda de curso legal

La Ley Bitcoin de El Salvador fue la aplicación de un país; la moneda de curso legal es el concepto jurídico general. Moneda de curso legal significa que un acreedor debe aceptar la cosa en pago de una deuda, y se define jurisdicción por jurisdicción, normalmente para los billetes emitidos por un banco central. El decreto de El Salvador extendió ese estatus a un activo que ningún Estado emite, y luego añadió obligaciones que ninguna norma de curso legal suele llevar, incluidos un mandato sobre los comercios y un mecanismo de conversión gestionado por el Estado. Cuando la modificación de 2025 eliminó esas obligaciones, el bitcoin no se volvió ilegal en El Salvador. Se convirtió en lo que ya es en casi todos los demás lugares: algo que se puede aceptar si se quiere.